La Suprema Corte de Mendoza confirmó que Manaos deberá pagar una indemnización de $800 millones a un exempleado
El máximo tribunal provincial rechazó un “recurso extraordinario federal” presentado por la empresa para llevar el caso a la Corte nacional; ya había determinado que la firma utilizó “maniobras fraudulentas” para registrar a un exvendedor
Escribe tu textLa Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó una condena millonaria por irregularidades laborales contra la empresa Refres Now, fabricante de las bebidas Manaos. El máximo tribunal provincial determinó que la firma incurrió en “maniobras fraudulentas” en la registración de un trabajador y fijó una indemnización final de $807 millones.
El caso se inició a partir de la denuncia del empleado, quien alegó haber sido forzado a un “despido indirecto” tras años de una relación laboral signada por presuntas irregularidades registrales. Según la sentencia, la compañía utilizó en 2018 un acuerdo de desvinculación ante el Seclo como un “artilugio” para modificar la categoría del trabajador: de Viajante de Comercio —bajo la Ley 14.546— a “Promotor”, encuadrado en el convenio de Aguas y Gaseosas, una figura menos favorable en términos salariales y de derechos.
Los jueces aplicaron el principio de “primacía de la realidad” y concluyeron que el vínculo laboral nunca se interrumpió. En ese sentido, consideraron probado que la maniobra buscaba reducir costos y ocultar la verdadera antigüedad del empleado, que se remontaba a octubre de 2013.
Después, la empresa intentó llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación mediante un recurso extraordinario federal, argumentando que el fallo de la justicia mendocina era arbitrario y violaba garantías constitucionales como el debido proceso, la propiedad y el equilibrio en la protección laboral.
Sus planteos centrales fueron dos: por un lado, cuestionó la nulidad del acuerdo firmado en el Seclo en 2018, sosteniendo que debía considerarse válido; por otro, consideró insuficiente la reducción de los intereses y pidió que se aplicaran tasas más bajas.
Sin embargo, se conoció hoy que la Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso. Señaló que no existía una “cuestión federal” suficiente que justificara la intervención de la Corte nacional, ya que el caso se basa principalmente en hechos, pruebas y normas de derecho común, materias que no habilitan esa instancia.
Además, el tribunal indicó que la empresa se limitó a reiterar argumentos ya analizados y a expresar desacuerdos con la interpretación judicial, sin demostrar arbitrariedad. También remarcó que algunos planteos fueron introducidos fuera de tiempo y que la supuesta cuestión federal no fue correctamente planteada durante el proceso.
Después del primer fallo de la Corte provincial, consultado por LA NACION, Orlando Canido, titular de la empresa, cuestionó la sentencia. “Es una desproporción total. No puede ser que una persona trabaje seis años con un sueldo de $2,5 millones y tenga que pagar $800 millones de indemnización. Así nadie va a contratar a nadie. Pero bueno, es lo que resolvió la Justicia. Él tiene derecho a hacer el juicio y lo manejarán los abogados; y si no, pagaré, qué voy a hacer. Pero no tiene ningún sentido”, había dicho.
Uno de los puntos más sensibles del expediente fue el cálculo de los intereses. En la sentencia de cámara, los accesorios superaban los $1235 millones. Sin embargo, la Suprema Corte —con los votos de los jueces Omar Palermo y Norma Llatser— decidió aplicar la facultad prevista en el artículo 771 del Código Civil y Comercial para morigerar esas tasas.
El tribunal argumentó que el demandante no encuadraba dentro de la figura de “trabajador vulnerable”. Según destacó, se trata de un empresario con experiencia en la actividad comercial, fundador y propietario de la cadena de supermercados “La Yunta”, con base en San Rafael. Además, percibía una remuneración que superaba en más de 24 veces el índice Ripte de la época.
Bajo este criterio, los magistrados consideraron que la aplicación automática de las tasas provinciales generaba una “desproporción económica” que no se ajustaba a la realidad del demandante. De este modo, recalcularon los intereses y redujeron significativamente el monto final de la condena.
La liquidación quedó establecida en $223,4 millones en concepto de capital y $584,2 millones por intereses moratorios —casi un 50% menos que el cálculo previo—, lo que arrojó un total de $807,6 millones.
Por otro lado, la Corte rechazó el pedido de Refres Now de abonar la indemnización en cuotas. Argumentó que esa instancia de negociación ya había sido transitada sin éxito entre las partes durante el proceso judicial.
Orlando Canido fundó Manaos en 2004, aunque su trayectoria en el negocio de las bebidas se remonta a más de cinco décadas. Antes de crear Refres Now, se desempeñó como distribuidor de la cerveza Bieckert y el vino Crespi, y trabajó con compañías como Coca-Cola y Pepsi, hoy sus principales competidores. También participó en la comercialización de Sao, una línea de gaseosas de bajo costo elaborada por San Isidro Refrescos, un antiguo embotellador de Coca-Cola.
Desplazan a dos jefes de la ARCA que investigaban un fraude millonario en el Sindicato de Camioneros
Ocurrió en Mar del Plata y se suman al corrimiento previo de otros dos funcionarios por la misma pesquisa; en la causa se investiga un desvío de fondos en el gremio de Hugo Moyano
Por orden directa de la cúpula en Buenos Aires de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), dos funcionarios del organismo en Mar del Plata fueron desplazados de sus cargos. El trasfondo del desplazamiento, según reconstruyó LA NACION, fue haber investigado a los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en la ciudad y contribuir así a la pesquisa judicial sobre el desvío de al menos $13.000 millones del gremio que lidera Hugo Moyano mediante el uso de facturas “truchas”, emitidas a nombre de proveedores inexistentes o sin capacidad operativa.
Los funcionarios desplazados eran, hasta el viernes, los jefes de las divisiones 1 y 3 de Fiscalización de la Dirección Regional Mar del Plata del organismo, Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González. Ambos fueron reasignados al rol de “asesor mayor” en una agencia marplatense y en una oficina de “trámites y verificaciones” de ARCA, respectivamente.
Capdeville y González se sumaron así a otros dos funcionarios afectados durante los últimos seis meses por la misma fiscalización sobre los manejos irregulares de fondos en Camioneros. En octubre pasado, cuando el caso recién se activaba, desplazaron al jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, por responder una consulta del Juzgado. Ese antecedente quedó formalizado en el Boletín Oficial del 24 de octubre de 2025, cuando se dispuso su apartamiento. Y ante su corrimiento, el entonces jefe de ARCA en Mar del Plata, Luis Eduardo Tymkiw, pidió ser relevado de su cargo.
En ese contexto, según reconstruyó LA NACION, el actual titular de la Regional de ARCA en Mar del Plata, Pablo Catracchia, les requirió a Capdeville y González a fines de diciembre que congelaran la pesquisa que, además, habían dejado asentada en los sistemas internos del organismo, conocido por las siglas SEFI, o serían desplazados de sus cargos, lo que se concretó hoy.
La investigación judicial se inició en agosto del año pasado, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar las irregularidades y el mismo gremio, a través de un aliado de Moyano, radicó una denuncia en su contra. Desde entonces, la Regional Mar del Plata de la ARCA investiga quiénes eran los proveedores de presuntos bienes y servicios del establecimiento y detectó facturas “truchas” destinadas a justificar la salida de miles de millones de pesos de las cuentas del sindicato.
El hotel 15 de diciembre que pertenece al Sindicato de Camioneros, ubicado en Santa Fe 2373, Mar del PlataMauro V. Rizzi
La causa tramita en la Justicia provincial. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. De ser así, el caso podría trasladarse al fuero federal, según fuentes judiciales al tanto del expediente. Al caso lo tienen el fiscal Carlos David Bruna y la jueza Lucrecia María Bustos.
Por el avande ce esta causa, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo,Claudio Omar Balazic,y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa. “No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial.
El viernes pasado hubo un revuelo en la sede sindical de Camioneros en Buenos Aires ante un pedido de informes contables, según averiguó LA NACION. El equipo de abogados del gremio evitó responder la consultas. En paralelo, se conoció que desde las cuentas que el sindicato y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, la esposa de Moyano.
“No quieren quilombo”
En los considerandos de la Disposición 137/2026 de la ARCA, publicada en el Boletín Oficial, no se explicitan los motivos del desplazamiento de Capdeville y González, que se encuadra en “necesidades de servicio”, a propuesta de la Regional Mar del Plata –es decir, de Catracchia–, y con la firma de la responsable interina de la Dirección de Recursos Humanos del organismo, Guadalupe Gonzalez Sanguineti. Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, las órdenes provinieron de niveles superiores del organismo en Buenos Aires.
El responsable real de la caída de los cuatro funcionarios de carrera fue el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana. Es decir, uno de los lugartenientes del actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza extrema del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
“En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”, indicó una fuente de la ARCA al tanto de lo ocurrido que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva estricta de su nombre.
En esa línea, los desplazamientos de Capdeville y González como antes de Visca registraron dos peculiaridades. La primera, que los tres se enteraron de lo ocurrido y de sus nuevas funciones cuando se publicaron en el Boletín Oficial, sin que nadie les informara antes, según reconstruyó LA NACION. La segunda, que desde Buenos Aires no designaron en el mismo acto a sus reemplazantes.
“No se trata solo de castigar a quienes actuaron como debían actuar, aún cuando tenían una orden informal para que no lo hicieran; lo que también buscaron desde Buenos Aires al desplazarlos de este modo es que sirva como un mensaje para el resto de los empleados y funcionarios del organismo”, indicó una segunda fuente al tanto de lo ocurrido. “Ahora saben a qué atenerse si desobedecen, aunque las directrices sean ilegales”, agregó.
Desde ARCA, por el contrario, negaron que los desplazamientos sean sanciones encubiertas ante la consulta de LA NACION. “Los movimientos de personal que se mencionan no tienen ninguna excepcionalidad. Desde enero de 2024 se desplazaron 1883 jefes, de los cuales 163 no fueron reemplazados. Son procesos habituales dentro de la estructura administrativa del organismo, que responden a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, y no afectan investigaciones en curso ni su trazabilidad”, indicaron. “En paralelo, y en su carácter de auxiliar de justicia, el organismo ha respondido y continúa respondiendo los oficios remitidos por el tribunal y la fiscalía intervinientes en esta causa - que bien vale aclarar - es entre privados. El rol de ARCA en esta y cualquier causa es aportar la información que la Justicia requiere”.
La investigación judicial
Los desplazamientos se producen mientras la Justicia provincial avanza sobre un presunto fraude millonario que incluye el uso de cheques en blanco y una red de al menos diez proveedores fantasma que habrían servido para justificar la salida de fondos del sindicato de Camioneros, lo que abre interrogantes sobre el impacto de esas decisiones administrativas en las tareas de fiscalización del organismo.
El desplazamiento de Capdeville, González y Visca, sumado al paso al costado de Tymkiw registra antecedentes en el pasado reciente de ARCA. En Mar del Plata, por ejemplo, funcionarios de la entonces AFIP denunciaron ante la Justicia un intento por detener una fiscalización sobre José María Nuñez Carmona, el socio del otrora vicepresidente Amado Boudou. Ambos, condenados por la Justicia.
Antes, el entonces director de la Regional Comodoro Rivadavia, Norman Williams, y el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, y el titular de la DGI, Horacio Castagnola, fueron desplazados por el entonces titular de la AFIP, Claudio Moroni, por negarse a detener una fiscalización sobre Gotti Hermanos, una de las constructoras patagónicas de Lázaro Báez.
Hoy, la historia parece repetirse con el sello de los Moyano.
Cambio de dueños: los capitales argentinos están en retirada de una de las industrias más poderosas
En las últimas décadas, las grandes lácteas nacionales perdieron terreno frente a multinacionales en un contexto de alta volatilidad económica, distorsiones en el mercado y malas políticas
Escribe tu texto aquía industria láctea argentina cambió radicalmente en las últimas tres décadas. Empresas emblemáticas desaparecieron, cooperativas históricas se derrumbaron, varias compañías terminaron en manos extranjeras y solo un puñado logró mantenerse en pie en un escenario cada vez más complejo. Lo que a comienzos de los 2000 era un entramado de grandes firmas nacionales hoy se transformó en un mercado fragmentado, dominado por pocas compañías de escala y rodeado de cientos de industrias medianas y pequeñas.
El proceso no fue lineal ni obedeció únicamente a decisiones empresarias. Fuentes del sector atribuyen buena parte de esta transformación a la presión impositiva, la falta de previsibilidad, controles de precios, costos laborales elevados, la incidencia sindical de Atilra en la actividad y una fuerte competencia informal.
SanCor pidió su propia quiebra la semana pasada
“De las 30 empresas lácteas importantes de principios de los 2000 quedan vivas cuatro o cinco que han hecho un poco mejor los deberes. Pero la realidad fue la hostilidad de la Argentina y no la cuestión de los manejos de cada compañía”, resumió una fuente de la industria a LA NACION.
El fenómeno ya había sido advertido por la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, que en un informe de hace tres años analizó la evolución de las principales industrias entre 1994 y 2022. Allí se observa que las 16 mayores empresas procesaban en 1994 el 67,4% de la leche del país, porcentaje que cayó al 61,8% en 2009 y al 54,9% en 2021/22. Durante la presidencia de Carlos Menem, dijeron las fuentes, la lechería argentina creció al 7% anual en casi 10 años.
La caída de las principales firmas refleja una creciente atomización industrial: menos concentración en las grandes compañías y más participación de compañías medianas. Pero lejos de representar una fortaleza, el fenómeno ocurre a contramano de los principales países productores del mundo, donde la concentración industrial aumentó como estrategia para ganar competitividad.
Finalmente, tras casi un año de negociaciones, la multinacional francesa Danone y la trasnacional Arcor adquirieron el restante paquete accionario de Mastellone Hnos.La Serenísima
“Las lecherías mundiales importantes como Estados Unidos o los principales países de la Unión Europea concentran en tres o cuatro empresas el grueso de la producción. En la Argentina, las empresas grandes ocupan el 30% y el otro 70% se reparte en 700 industrias”, explicaron en el sector.
En paralelo, se produjo un cambio estructural en la composición empresaria. Las cooperativas, que en 1994 representaban el 45% del volumen procesado entre las principales firmas, redujeron su participación al 6% entre el 2021 y 2022. Al mismo tiempo, las multinacionales pasaron del 11% a más del 40%, impulsadas por grupos como Saputo, Gloria Foods, Savencia, Danone y, en menor medida Nestlé, que ya estaba en la década de los 90.
Uno de los primeros grandes movimientos en la reconfiguración del negocio lácteo argentino se dio cuando el grupo Perez Companc, a través de Molinos Río de la Plata, avanzó sobre dos firmas familiares de peso: Molfino, de Rafaela, y La Paulina, de Villa María. La operación parecía marcar una apuesta fuerte por el sector, pero poco tiempo después el grupo decidió desprenderse de ambas compañías al considerar que se trataba de un negocio complejo y de baja previsibilidad. Finalmente, las dos empresas fueron adquiridas por la canadiense Saputo, que a partir de esas compras consolidó una de las plataformas industriales más importantes del país y ganó una posición estratégica en la lechería argentina.
Lácteos Verónica atraviesa una dura crisis financieraPágina oficial
Ese cambio de manos dejó casos emblemáticos. Milkaut pasó de cooperativa nacional a quedar bajo control del grupo francés Savencia. Parmalat abandonó el país. Williner, dueña de Ilolay, también fue vendida a Savencia. Y así varias firmas históricas desaparecieron.
El caso más simbólico fue SanCor, que llegó a procesar más de cuatro millones de litros diarios y hoy se encuentra en una situación terminal tras años de crisis, venta de activos a Adecoagro y Arsa y frustrados rescates. “La cooperativa láctea de Sunchales que llegó a tener el segundo lugar con el procesamiento de más de 4 millones de litros de leche, hoy debe estar en los 300.000 litros”, describieron fuentes del negocio. En febrero pasado, SanCor ingresó en concurso preventivo y la semana pasada solicitó su propia quiebra en lo que significó el derrumbe de uno de los emblemas más fuertes de la industria nacional.
En tanto, luego de años de balances con pérdidas millonarias, la historia del cambio de manos de La Serenísima comienza cuando vende un 49% de las acciones a Bagley, sociedad conformada por Arcor y Danone. El otro porcentaje restante pertenecía a los herederos de Mastellone Hermanos y el fondo Dallpoint Investments. Finalmente, tras casi un año de negociaciones, la multinacional francesa Danone y la trasnacional Arcor adquirieron el restante paquete accionario de la empresa que originalmente fundó Antonino Mastellone y potenció su hijo Pascual.
Tampoco sobrevivieron en pie La Suipachense, Cotapa, Cotar, ARSA, La Lácteo y otras firmas históricas que quedaron atrapadas entre endeudamientos, pérdida de escala y caída de competitividad.
“No hay vuelta atrás. Es una de las empresas que ya hay que contarla como desaparecida. La Suipachense también tiene quiebra, como ARSA [del grupo Vicentin], y hay una gran cantidad de pymes al borde del colapso”, alertaron fuentes de la actividad.
Entonces, mientras algunas empresas desaparecían, otras crecían aprovechando escala, automatización y espalda financiera. El caso más claro fue Saputo, que tomó activos locales, invirtió en automatización y pasó de procesar un millón de litros diarios a más de 3,5 millones.
En noviembre pasado, la Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que controlaba la tradicional planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha
“Saputo entendió que la manera de ganar plata en la Argentina es no tener mano de obra. La industria nacional procesaba 800 litros por empleado por día; Saputo puso máquinas y procesa hasta 8000 litros”, señalaron. La eficiencia industrial se volvió una ventaja decisiva. En un sector de márgenes ajustados, la escala y la automatización permitieron resistir mejor la presión de costos.
En un escenario en el que no podía girar dividendos al exterior, Saputo optó durante años por reinvertir utilidades en la Argentina, fortaleciendo su operación local hasta alcanzar un valor estimado de US$720 millones.
Esa estrategia le permitió consolidar una posición clave en el mercado hasta que este año el grupo peruano Gloria Foods adquirió el 80% de su negocio en el país por más de US$600 millones. Con presencia en varios países de la región y experiencia en contextos complejos, Gloria ya participaba en el mercado local a través de Corlasa, una firma elaboradora de leche en polvo y quesos. Según fuentes del sector, este ejercicio le permitió a Saputo capitalizar años de expansión en el país y recuperar utilidades acumuladas.
En contraste, muchas empresas nacionales quedaron atrapadas en una estructura de costos creciente y en un mercado interno debilitado. El caso de Lácteos Verónica es uno de ellos que desde hace un tiempo sigue en un punto muerto y con pocas soluciones a la vista. Desde enero pasado, la familia Espiñeira, dueña de la empresa, cortó todo tipo de pagos y la mayoría de los 700 trabajadores acusa deudas de medio sueldo de noviembre, diciembre, aguinaldo, enero y febrero. “Cuando ocurren momentos como los actuales, donde hay sobreproducción y el mercado interno está pobre de poder adquisitivo, la leche se choca contra la pared porque no hay manera de exportarla”, explicaron.
Ese excedente termina presionando sobre el mercado local, derrumbando precios. “Las pymes vuelcan el producto al mercado interno al precio que sea y se derrumba el mercado”, afirmaron.
A eso se suma otro problema estructural: la informalidad. Según fuentes privadas, una parte importante del negocio se sostiene sobre evasión fiscal y competencia desleal, con empresas que fabrican queso cremoso, barra y sardo fresco y compiten en el mercado vendiendo en la informalidad. “El 39% del precio de cualquier producto lácteo son impuestos. Eso incita a la evasión”, indicaron.
Controles de precios
Durante años, el negocio estuvo condicionado por controles de precios y restricciones a las exportaciones en los llamados “gobiernos progresistas”. Pasó durante el kirchnerismo. “Había que ir a ver al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y llevarle la lista de precios para que el funcionario pusiera los valores. Fueron épocas difíciles porque en un momento había un precio de exportación de US$5000 la tonelada de leche en polvo y Moreno, para cuidar la mesa de los argentinos, puso un precio de corte de US$2100 la tonelada”, recordó una fuente.
“Había que ir a ver al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y llevarle la lista de precios para que el funcionario pusiera los valores. Fueron épocas muy difíciles", recordó una fuenteHernán Zenteno / LA NACION - Archivo
A pesar de este escenario, algunas empresas lograron consolidarse. Hoy el mapa muestra cuatro grandes grupos fuertes: Gloria-Saputo/Corlasa; La Serenísima, con Arcor-Danone; Savencia, y más atrás Punta del Agua, además de jugadores nacionales como Noal y Tregar. “Las empresas que quedan firmes hoy son Saputo junto a Gloria, La Serenísima, el grupo Savencia y Punta del Agua, más atrás”, describieron.
En materia de producción e industrialización, en el último tiempo también vino avanzando Adecoagro, que además de ser líder en la producción de la materia prima escaló hasta el consumidor final con marcas como Las Tres Niñas, adquirida a SanCor.
Según el sector, el problema no es la falta de potencial. Por el contrario, la Argentina tiene ventajas naturales excepcionales para producir leche. “La Argentina tiene espacio, conocimiento del negocio, clima templado y campo de sobra para producir no 11.600 millones de litros, sino 30.000 millones”, aseguraron.
Del 70% de lo que se produce se vende en el mercado interno y el 30%, con más de 20 productos, se exporta a más de 60 países. La leche en polvo ocupa el 40% pero se vende también al exterior mozzarella e ingredientes lácteos, entre otros.
La paradoja es que, mientras la demanda mundial crece y aparecen nuevas oportunidades, la industria local sigue debilitándose. “El negocio lechero está garantizado que va a seguir; es un negocio con futuro”, dijeron. Sin embargo, remarcaron que, mientras no cambien las condiciones estructurales, el riesgo es que el país continúe perdiendo empresas, escala y protagonismo en un negocio donde tiene potencial para ser protagonista...
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) registra dificultades crecientes para cubrir cargos docentes, tanto en facultades como en sus colegios preuniversitarios. Según expuso Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, el fenómeno se vincula con la diferencia salarial respecto del sistema educativo provincial, lo que ha derivado en renuncias, pedidos de licencia y llamados que quedan desiertos. El escenario se da en el marco de un conflicto salarial que atraviesa al sistema universitario nacional y que, de acuerdo a autoridades y gremios, impacta directamente en la disponibilidad de docentes y en el funcionamiento académico en todo el país.
Según afirmó Barcelona a Tiempo de San Juan, durante 2025 y lo que va de 2026 se profundizó la disminución de docentes en la UNSJ, tendencia que ya había comenzado a evidenciarse en 2024 con el primer año del gobierno de Javier Milei. La autoridad indicó que se registran casos concretos en los que no hay postulantes para cubrir cargos. Como ejemplo, mencionó un llamado en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento para la materia Geografía en el que no se presentó ningún aspirante: “Nadie se presentó a tomar el cargo” Situaciones similares se replican en las distintas dependencias de la casa de altos estudios.
Además, indicó que docentes que antes tomaban horas en los colegios preuniversitarios -como la Escuela Industrial, el Colegio Central Universitario y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín- comenzaron a reducir su carga horaria o a pedir licencia para trasladarse al sistema educativo provincial.
Según explicó, esto también ocurre en las facultades, donde docentes con cargos simples o semiexclusivos optan por disminuir su dedicación o directamente abandonar esos puestos.
Diferencias salariales entre universidad y provincia
Uno de los factores centrales señalados por el gremio es la brecha salarial entre la docencia universitaria y la docencia secundaria provincial. Barcelona detalló que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple percibe alrededor de 260.000 pesos, mientras que un docente adjunto ronda los 300.000 pesos, ambos con una carga equivalente a 10 horas cátedra.
En contraste, indicó que en el sistema provincial, por una carga de aproximadamente 15 horas cátedra, los ingresos pueden ubicarse cerca de los 800.000 pesos en zonas céntricas, y superar el millón de pesos en departamentos alejados, con cifras que mencionó en un rango aproximado entre $1.100.000.
En ese sentido, sostuvo que la diferencia de ingresos influye en la decisión de los docentes de priorizar cargos en la educación secundaria dependiente del Gobierno de San Juan por sobre la UNSJ.
Impacto en cargos iniciales y requisitos académicos
Otro de los aspectos señalados es la dificultad para cubrir cargos de inicio en la carrera docente universitaria. Barcelona explicó que esos puestos se encuentran con salarios que oscilan entre 260.000 y 300.000 pesos, lo que reduce el interés de profesionales que deberían abandonar horas en el sistema provincial para incorporarse a la universidad.
A esto se suma un requisito específico del ámbito universitario. La obligatoriedad de contar con título de grado para acceder a los cargos. A diferencia de lo que ocurre en el nivel secundario -donde pueden designarse alumnos avanzados-, en la UNSJ no es posible cubrir vacantes con perfiles en formación.
Según indicó, esta combinación de bajos salarios y exigencias académicas complica la designación de docentes, especialmente en los primeros niveles de la carrera.
Jubilaciones, renuncias y listas agotadas
El titular de ADICUS también señaló que en algunos departamentos se registran jubilaciones anticipadas de docentes con mayor antigüedad, en parte por la incertidumbre ante posibles reformas previsionales.
En esos casos, los cargos son ofrecidos a docentes de menor jerarquía, pero no siempre logran cubrirse en los niveles iniciales. Incluso mencionó situaciones en las que docentes con cargos de alta dedicación han optado por renunciar para regresar al nivel secundario.
Además, advirtió que en los colegios preuniversitarios se están agotando los listados de aspirantes elaborados por las juntas de clasificación docente. Según explicó, esto se evidencia en que, aun existiendo listas, no hay postulantes que acepten tomar las horas ofrecidas.
En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Federación Gremial de Docentes (Fagdut) informó que cerca de mil docentes dejaron sus cargos, ya sea por renuncias o licencias sin goce de sueldo.
Informes presupuestarios indican que entre 2023 y 2026 se produjo una reducción significativa en términos reales del financiamiento universitario, con un impacto directo en los salarios, que representan la mayor parte del gasto de las universidades nacionales.
En este escenario, la Justicia ordenó recientemente al Gobierno nacional implementar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, en un fallo que busca recomponer el presupuesto y los salarios del sector.
"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios
La Universidad Nacional de San Juan enfrenta dificultades crecientes para cubrir cargos docentes, con llamados que quedan desiertos y una reducción en la carga horaria de profesores. Desde el gremio ADICUS atribuyen la situación a la diferencia salarial con el sistema educativo provincial, que ofrece ingresos considerablemente superiores por la misma cantidad de horas. Cuánto es el salario promedio para los profesores en la casa de altos estudios.
Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: los vecinos encienden velas frente al colegio
Un chico de 15 años mató a tiros a Ian Cabrera, de 13. Además, hirió a otros ocho adolescentes. El atacante fue reducido por un asistente escolar. En esta nota en vivo, todas las novedades del caso
Un alumno de 15 años, cuya identidad se mantiene en reserva, entró armado a un colegio del Municipio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros ocho chicos.
De acuerdo a los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra cuando los chicos esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal.
Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.
La víctima fue identificada como Ian Cabrera, de 13 años. En tanto, su homicida fue trasladado a un centro de detención de la ciudad de Santa Fe.
Vecinos de la localidad de San Cristóbal y alumnos de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” se manifestaban esta noche frente al colegio donde un adolescente de 15 años mató a tiros a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros ocho adolescentes.
En silencio, y algunos con globos blanco, desde las 20 la comunidad de San Cristóbal se presentó frente al colegio en silencio, con velas encendidas.“Muy triste por todo lo que pasó, somos todos conocidos acá y lamentamos mucho”, dijo una vecina cuyo nieto concurre al terciario del Mariano Moreno en diálogo con TN. La mujer conocía a la víctima.
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En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspede¿
El hecho sucedió este lunes por la siesta, cuando un menor observó lo sucedido y dio aviso a las autoridades. El cuerpo de la fallecida fue encontrado en inmediaciones de Mendoza y Calle 16.
Un hecho trágico se registró este lunes por la siesta, en Pocito, en inmediaciones del barrio Las Piedritas, donde una mujer se arrojó al Canal Céspedes y, desgraciadamente, fue hallada sin vida a la altura de Mendoza y Calle 16. Según informaron fuentes policiales, a partir de la denuncia del suceso, se llevó adelante un rastrillaje para dar con el cuerpo de la fallecida.
Personal de bomberos y de las unidades policiales con jurisdicción, como efectivos de la Comisaría 7ma, en la zona participaron del despliegue que se realizó en los alrededores del canal. Acorde indicaron las fuentes, fue un menor el que observó a la mujer cuando se lanzó al caudal y, de inmediato, dio aviso a su madre. Acto seguido, la misma informó a la Policía lo acontecido.
A partir del alerta emitido, se llevó adelante un operativo para dar con la persona que estaba en el agua y que, finalmente, fue encontraba sin signos vitales. Pese a que en el lugar donde se desató la desgracia había una cartera que contenía una sube y otras pertenencias personales, no tenía la documentación de la fallecida, por lo que aún no se logra determinar su identidad.
Con la intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera, de la UFI de Delitos Especiales, se dispuso la entrevista a los testigos para esclarecer los detalles del trágico episodio.