Kicillof se presentó en Tribunales por la deuda de la Nación por jubilaciones


La demanda de Buenos Aires es por más de $2,3 billones que le adeuda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).


El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se presentó este martes en el Palacio de Tribunales en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para abordar la demanda de la Provincia por más de $2,3 billones que le adeuda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y se resolvió otro encuentro para junio, del cual deberá salir definida una propuesta de pago de parte de la Casa Rosada.“Tenemos ocho reclamos ante la Corte Suprema y nosotros estimamos una deuda total del Gobierno nacional en más de 15 millones de millones, es decir 15 billones. Ustedes tengan en cuenta que el presupuesto aprobado en la provincia de Buenos Aires para este año es de 43, 44 billones, o sea que estamos hablando de una deuda que totaliza prácticamente un tercio de los recursos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa.

Al respecto, Kicillof dijo que lo que se está discutiendo ahora es “la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la deuda de los jubilados, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir, que son las 13 provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires”.

“De esas 13 provincias hay 10 que ya llegaron a un flujo, a una transferencia desde Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo, lo terminamos haciendo por sede judicial, a través de la Corte Suprema. Hoy tuvimos la segunda audiencia, y la verdad que lo que hubo es un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del Gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir”, detalló.

Remarcó que del lado del Ejecutivo nacional participaron de la audiencia el Ministerio de Economía y ANSES, “que se comprometieron es traernos una propuesta concreta”. “Dicen que están revisando los números, haciendo auditoría, pero ya llevamos dos años y pico donde esto no se hizo, no ocurrió, y ya pasó en otras provincias”, señaló.

“Después veremos si otras deudas que estamos reclamando tienen también sus correspondientes audiencias, pero esto es por la cuestión de la caja, que son 2,3 billones de esos 15, así que es uno de los montos particulares más significativos”, continuó.

Kicillof asistió a los tribunales junto a su ministro de Economía, Pablo López; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Por otro lado, Kicillof dijo que la Provincia presentó una carta el lunes, a través del ministro Andrés Larroque, porque desde la Nación “usualmente transferían más de un 30% del total de lo que son los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires, pero cambió el gobierno y están transfiriendo una suma que no llega al 15%”.

La provincia de Buenos Aires sigue otras siete demandas contra el Gobierno nacional por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), a los bosques nativos, y por la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para el financiamiento de obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 (y convenio 2023).

Detectan coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar durante el gobierno de Alberto Fernández

Así surge de 30 allanamientos y testimonios obtenidos en la causa en la que el fiscal Picardi investiga operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023; ya se habría identificado a los empresarios y las operaciones en cuestión, autorizadas en tiempos de Sergio Massa al frente del equipo económico



Una investigación que incluyó casi 30 allanamientos en cinco meses y que imputó hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central (BCRA) está a punto de sacudir al establishment económico y político: por lo menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en la parte más restrictiva del cepo cambiario.

Así lo informaron fuentes de una causa que está en el juzgado de Ariel Lijo y que tiene delegada el fiscal Franco Picardi, el mismo que investiga desde el año pasado presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la presidencia de Javier Milei.

El tema es desde hace más de dos años un verdadero tabú de la política: resulta casi nulo lo que, pese a los comentarios de empresarios y despachantes de Aduana que dan cuenta de la existencia de esas maniobras y hasta de dos pedidos de informe que hizo en su momento, sin éxito, la diputada Karina Banfi, ha avanzado la Justicia para detectar estas irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial.

El esquema, que evaluaba la capacidad económica y financiera de las que requerían importar, dependía de varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio, todas dependencias en las que Massa tuvo en su momento una influencia decisiva.

La investigación de Picardi tiene hasta ahora secreto de sumario. Pero fuentes que siguen la causa afirman que el fiscal tendría detectado no sólo a los empresarios que habrían aceptado pagar y los respectivos porcentajes, sino los montos de las operaciones en cuestión, que hasta el momento superan los US$3,5 millones. Se trata, en los cuatro casos, de permisos por importaciones que efectivamente se hicieron, no de operaciones simuladas, como ha ocurrido y se investiga en otras causas.

Picardi hizo un pedido de informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al BCRA y solicitó a su vez que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. Los resultados obtenidos hasta ahora surgen del análisis de casi 30 allanamientos, testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, todos ellos del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión, y Analía Jaime y Romina García, inspectoras Generales de Supervisión.

Todos ellos entregaron sus respectivos teléfonos y claves a la Justicia, con la sola excepción de García, que no suministró la clave. También hay varios empresarios dueños de casas de cambio imputados, como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

A qué funcionarios involucra en la estructura de este y aquel gobierno es todavía un misterio. Fuentes de la causa afirman que además habría agentes involucrados a ambos lados del mostrador: auditores externos del BCRA que, a su vez, integran estudios contables que asesoran a empresas.

Los hallazgos iniciales del fiscal, de los que seguramente se conocerán detalles desde el jueves, no bien termine el plazo del secreto de sumario para la causa, consignan por el momento porcentajes y plazos de permisos que coinciden con los revelados en una investigación que este diario publicó el 7 de marzo de 2023, momento en que ya buena parte de los empresarios hablaba, siempre en off the record, de pedidos de sobornos y discrecionalidad para aprobar las autorizaciones.

Un chat entre dos importadores que obtuvo entonces LA NACION refería exactamente un 15% “en billete” a cambio de que la operación saliera en un lapso de 48 horas, exigencia que coincide además con un aviso publicado en las redes sociales y cuyo remitente, “Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina”, fijaba un 13% del valor para bienes (SIRA) y un 15% para los servicios (Sirase).

La causa de las SIRA tuvo desde 2023 varias insinuaciones en la Justicia, pero, hasta ahora, no venía prosperando. Las primeras indagaciones fueron a fines de ese año, cuando las publicaciones periodísticas y un testimonio que llegó al despacho de un diputado de la Coalición Cívica dieron inicio a una causa contra seis funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido el entonces jefe de la dependencia, Matías Tombolini, que de todos modos no prosperó: en diciembre de 2023, y luego de una breve investigación propia, el fiscal Eduardo Taiano pidió archivar el caso y el juez Julián Ercolini homologó el requerimiento y sobreseyó a los seis.

La causa que ahora empieza a despuntar es en realidad un derivado de otra en la que el mismo fiscal, Picardi, investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de US$6 millones que, dice Hauque, le dio para que hiciera operaciones con intereses.

La declaración de un imputado colaborador, un expolicía que aportó un pendrive con un archivo que incluye chats y capturas de pantalla de conversaciones entre ambos empresarios y funcionarios del BCRA, convenció a Picardi de la existencia de presuntos nuevos delitos y, como consecuencia, la necesidad de abrir otra causa.

En febrero de 2025, entrevistado en América 24 por los periodistas Adrián Ventura, Marina Calabró y Facundo Pastor, Hauque explicó los detalles de aquella pelea con Piccirillo y, cuando le preguntaron el origen de esos US$6 millones, contestó que los había obtenido de prestamistas del mundo de la política y empresarial. “No puedo, tengo miedo”, dijo cuando se le insistió en que diera nombres.

Los presuntos pagos de sobornos a cambio de permisos para importar durante el cepo cambiario siempre fueron un asunto explosivo porque involucran a funcionarios y, principalmente, por la magnitud de las operaciones en cuestión. Sólo en 2023, en plena restricción cambiaria y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, incluidos los más sensibles como el de la Salud, la Argentina importó por casi US$75.000 millones. Sólo el 1% de ese stock representa unos US$750 millones, es decir, el equivalente para pagar lo que cuestan en la Argentina unas diez campañas políticas presidenciales. Eso acaso explica la sensibilidad del tema y, por fin, tanta incomodidad con que la causa avance.

Por Francisco Olivera

Orrego defendió la modificación de la Ley de Glaciares: "La minería y el ambiente van de la mano"


El Gobernador de San Juan participó del debate en el plenario de comisión de Diputados y defendió la iniciativa al sostener que no reduce la protección ambiental, sino que reafirma el rol de las provincias. También destacó el peso de la minería en la transición energética y relativizó su impacto en el uso del agua.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este martes por la tarde de manera virtual en el debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación por la reforma de la Ley de Glaciares. Su intervención se dio en el marco del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo busca avanzar con el dictamen necesario para tratar la iniciativa en el recinto.

La convocatoria incluyó a mandatarios de provincias cordilleranas vinculadas a la actividad minera, en una instancia clave para reunir apoyos políticos en torno a un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que apunta a precisar los alcances de la normativa vigente, especialmente en zonas periglaciares.Durante su exposición, Orrego respaldó la iniciativa y rechazó que implique un retroceso en materia ambiental. Según planteó, el objetivo es clarificar conceptos técnicos y reafirmar las competencias provinciales sobre los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. “En ningún momento planteamos eliminar la Ley de Glaciares ni cambiar su objeto”, sostuvo.

Defensa de la minería y el rol de las provincias

El mandatario provincial se mostró firme en la defensa de la actividad minera como motor de desarrollo y pieza clave en el escenario energético global. “Defiendo la minería sustentable, que es clave para la transición energética y el desarrollo económico, generando empleo y tributos”, expresó.

En esa línea, subrayó la importancia de minerales como el cobre y el litio para el avance de tecnologías vinculadas a energías limpias. “Hoy la minería es ambiente, porque lo que viene es la transición energética”, afirmó, y agregó: “El cobre es estratégico, no se puede reemplazar”.

Orrego también insistió en la necesidad de superar la mirada que enfrenta producción y cuidado ambiental. “La minería y el cuidado del medio ambiente pueden coexistir” y “la minería y el ambiente van de la mano”, remarcó, al tiempo que defendió la capacidad de control y evaluación ambiental de las provincias.

Además, hizo hincapié en la autonomía provincial sobre los recursos naturales: “Los verdaderos dueños de los recursos naturales por Constitución son las provincias” y aseguró que la ley en discusión “no delega facultades provinciales, sino que las reconoce”.

El eje en el uso del agua

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo vinculado al uso del agua, un recurso crítico en San Juan. En ese sentido, el gobernador buscó poner en contexto el peso relativo de cada sector en el consumo hídrico. “El 94% de su uso es para la agricultura, no para la minería”, indicó.

A la vez, remarcó que la gestión provincial trabaja en el manejo responsable del recurso, con políticas orientadas a la eficiencia y al control. “El agua es vital y se gestiona con responsabilidad” y “si hay algo que cuidamos los sanjuaninos es el agua”, aseguró.

En esa línea, también relativizó las críticas hacia la actividad minera en este aspecto: “El verdadero problema del agua no es la minería”, sostuvo, y planteó la necesidad de avanzar en mejoras estructurales, como la tecnificación de los sistemas de riego.

Qué dijo el Ministro de Minería local

En la misma línea, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, defendió la reforma al asegurar que la provincia “no viene a pedir que se proteja menos, sino que se proteja mejor”, y remarcó que el planteo se sustenta en evidencia científica acumulada tras más de quince años de vigencia de la ley. Según explicó, el objetivo es precisar qué formaciones deben ser consideradas estratégicas para la función hídrica, sin poner en discusión la protección de los glaciares.

Además, destacó el rol de la minería en el desarrollo de infraestructura y en la gestión del agua en el territorio provincial. Señaló que, con fondos provenientes de la actividad, se financiaron obras hídricas y energéticas en zonas como Iglesia y Jáchal, beneficiando a miles de habitantes. También defendió la capacidad técnica local para evaluar proyectos y sostuvo que una normativa más clara permitirá “proteger de verdad”, reduciendo la incertidumbre jurídica.

Un debate clave en Diputados

La participación de Orrego se dio en una jornada clave para el oficialismo, que intenta conseguir las firmas necesarias en comisión para habilitar el tratamiento del proyecto este miércoles en el recinto. Para lograr el dictamen, se requieren mayorías en ambas comisiones, en un escenario donde los bloques dialoguistas aparecen como determinantes.

La iniciativa, aprobada por el Senado a fines de febrero, genera expectativas en las provincias con desarrollo minero, que buscan mayor previsibilidad para las inversiones. Sin embargo, también mantiene la tensión con sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible impacto en los estándares de protección.

“En ningún momento planteamos eliminar la Ley de Glaciares ni cambiar su objeto”

“Defiendo la minería sustentable, que es clave para la transición energética y el desarrollo económico, generando empleo y tributos”, expresó.

“Hoy la minería es ambiente, porque lo que viene es la transición energética”, afirmó, y agregó: “El cobre es estratégico, no se puede reemplazar”. Entre otras cosas que menciono el gobernador de San Juan

Trump volvió a dar marcha atrás con Irán: todo lo que hay que saber sobre qué puede pasar ahora con la guerra

Trump estira la tregua a pedido de Pakistán mientras espera una propuesta unificada de Teherán; siguen el bloqueo, las tensiones en Ormuz y las dudas sobre nuevas negociaciones

Escribe tu texto aquí...ERUSALÉN.— El presidente Donald Trump anunció una extensión del alto el fuego en la guerra con Irán, dando a los mediadores más tiempo para organizar una nueva ronda de conversaciones cara a cara entre Estados Unidos e Irán.

Trump dijo que tomó la decisión, apenas horas antes de que expirara la tregua vigente, a pedido de Pakistán, mientras espera una “propuesta unificada” de parte de Irán.

El anuncio evitó, por ahora, una reanudación de los combates. Pero las diferencias entre las partes siguen siendo amplias, un viaje previsto a Pakistán del vicepresidente JD Vance para liderar el equipo negociador estadounidense sigue en suspenso y el bloqueo estadounidense sobre Irán continúa vigente.

A continuación, todo lo que hay que saber sobre el estado del alto el fuego, las posibles conversaciones en Pakistán y otros temas en torno a la guerra:

El alto el fuego se extiende, mientras continúan los reproches

Dos funcionarios regionales dijeron el martes a la agencia AP que Estados Unidos e Irán habían dado señales de que celebrarán una nueva ronda de conversaciones. Mediadores liderados por Pakistán recibieron confirmación de que los principales negociadores —Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf— estaban previstos para encabezar sus delegaciones.

Pero ya entrada la noche del martes, el vocero de la cancillería iraní dijo que no había una “decisión final” sobre asistir. El vocero, Esmail Baghaei, declaró a la televisión estatal que la falta de definición se debía a “mensajes contradictorios” y “acciones inaceptables” por parte de los estadounidenses, en particular el bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán.

En paralelo, un alto funcionario iraní señaló que Teherán podría participar en las conversaciones en Pakistán solo si Washington abandona su política de “presión y amenazas”. El funcionario afirmó que Irán rechaza cualquier negociación que implique una rendición y acusó a Estados Unidos de crear “nuevos obstáculos cada día” en lugar de resolver las diferencias.

Mientras tanto, Vance canceló un viaje a Pakistán, mientras los líderes paquistaníes se apuraban por intentar salvar las conversaciones. Con la fecha límite de las 0 GMT acercándose, Trump anunció que el alto el fuego se extendería de forma indefinida.

Vance, durante su primera visita a PakistánJACQUELYN MARTIN - POOL

Trump dijo que tomó la medida a pedido de Pakistán y culpó a lo que describió como un liderazgo iraní “seriamente fracturado” por la falta de decisión. Señaló que Pakistán le pidió esperar hasta que los dirigentes iraníes “puedan presentar una propuesta unificada”. Aun así, indicó que el bloqueo estadounidense continuará.

Incluso si Pakistán logra organizar una reunión, persisten serios desafíos en torno al futuro del Estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y el bloqueo. Irán atacó buques en el estrecho durante el fin de semana. Estados Unidos también atacó y abordó una embarcación iraní que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense en la zona, lo que muestra que la situación sigue siendo volátil.

El giro de Trump también marcó un cambio respecto de su postura previa. En los últimos días, el presidente había dicho que no quería extender la tregua y que el ejército estadounidense estaba “listo para actuar” si las negociaciones fracasaban.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el sábado 18 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)Julia Demaree Nikhinson - AP

La decisión de último momento representa, según analistas, un nuevo repliegue frente a sus amenazas anteriores de atacar infraestructura energética y civil iraní, un escenario que expertos advertían podría implicar violaciones al derecho internacional.

En la primera respuesta de Irán al anuncio de la extensión del alto el fuego, un asesor de Qalibaf lo desestimó. “La extensión del alto el fuego por parte de Donald Trump no tiene sentido. El bando perdedor no puede imponer las condiciones”», escribió Mahdi Mohammadi en una publicación en redes sociales, según consignó The New York Times.

Una tregua frágil que corre riesgo de resquebrajarse

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero, dando inicio a un conflicto de seis semanas que hizo subir los precios del petróleo y sacudió la economía global.

La actual tregua entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó el 8 de abril, tras múltiples plazos fijados por Trump que en un momento llegaron a amenazar la propia “civilización” iraní. El viernes pasado también entró en vigor un alto el fuego entre Israel y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano. Ambos altos el fuego se han mantenido en líneas generales.

Un funeral de combatientes de HezbollahFADEL ITANI - AFP

Una ronda previa de negociaciones entre Irán y Esados Unidos se llevó a cabo en Pakistán desde el 11 de abril hasta la madrugada del día siguiente. Vance participó en las conversaciones de más alto nivel entre Washington y Teherán desde la Revolución Islámica de 1979, que concluyeron sin acuerdo.

Desde el fin de semana, las autoridades en Islamabad han realizado preparativos similares a los de las primeras conversaciones, lo que sugiere que se avecinaba otra ronda.

El estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado

El Estrecho de Ormuz, la angosta salida del golfo Pérsico por donde pasa el 20% del gas y petróleo mundial, sigue prácticamente cerrado debido a los ataques iraníes, incluidos algunos el sábado. También existe el temor de que Irán haya sembrado minas en una parte del estrecho utilizada por los barcos en tiempos de paz. Desde el inicio de la guerra, según informes, Irán ha estado cobrando hasta US$2 millones por buque para permitirles el paso. Reabrir el estrecho sigue siendo un foco clave de las negociaciones y la principal carta de presión de Teherán frente a Washington, especialmente mientras países de todo el mundo han comenzado a racionar energía y advertir sobre escasez de combustible para aviones.

Barcos navegan por el estrecho de Ormuz- - AFP

Estados Unidos, por su parte, ha comenzado a bloquear buques provenientes de puertos iraníes. La Marina estadounidense atacó este fin de semana a un barco portacontenedores iraní que intentó atravesar el bloqueo, con marines descendiendo desde helicópteros. Irán condenó el incidente como “piratería” y una violación del derecho internacional.

La tensión en torno al bloqueo se profundizó en las últimas horas. El canciller iraní, Abbas Arahgchi, lo calificó como un “acto de guerra” y una violación del alto el fuego. “Irán sabe cómo neutralizar restricciones, cómo defender sus intereses y cómo resistir el acoso”, escribió en la red X.

El incidente se volvió un punto crítico en las negociaciones, especialmente después de que fuerzas estadounidenses abordaran y capturaran un buque con bandera iraní y su tripulación durante el fin de semana.

El stock nuclear iraní permanece en el país

Todo el uranio altamente enriquecido de Irán permanece dentro del país, probablemente sepultado en instalaciones bombardeadas por Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio pasado.

ARCHIVO – En esta imagen satelital proporcionada por Vantor se muestra el complejo nuclear de Natanz en Irán el 7 de marzo de 2026, sin ningún nuevo daño apreciable en la instalación o en los túneles. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP, Archivo)Vantor

Desde entonces, Irán no ha vuelto a enriquecer, pero sostiene que tiene derecho a hacerlo con fines pacíficos y niega buscar armas nucleares. Trump, junto con Israel, ha exigido que Irán desmantele completamente su programa nuclear y entregue sus reservas. Irán rechazó esa exigencia en su propuesta de 10 puntos para poner fin a la guerra.

El impacto económico no da tregua

La incertidumbre también se reflejó en los mercados. En Wall Street, los principales índices cerraron en baja luego de que se enfriaran las expectativas de un acuerdo rápido: el S&P 500 cayó 0,63%, el Nasdaq 0,59% y el Dow Jones 0,59%. Las acciones venían de varias semanas de subas impulsadas por la expectativa de una salida negociada al conflicto.

Además, el impacto energético de la guerra ya es significativo. Según estimaciones de analistas, el conflicto sacó del mercado más de 500 millones de barriles de crudo y condensados, en lo que constituye la mayor disrupción de suministro en la historia moderna. Esto equivale a unas diez semanas de consumo de la aviación global o a más de un mes de demanda total de petróleo en Estados Unidos.

“No somos oposición, somos el próximo paso”: la nueva narrativa del PRO para revalidar a Macri y diferenciarse de LLA

El detrás de escena del relanzamiento del partido liderado por el expresidente en Parque Norte. El plan para polarizar con el Gobierno y la respuesta a las críticas libertarias


Durante el relanzamiento del PRO que Mauricio Macri encabezó ayer, en Parque Norte, hubo tres instancias que estructuran una nueva narrativa de cara a las elecciones 2027. El primero fue un mensaje autovalidatorio frente a las chicanas de las usinas libertarias de ser un partido en vías de extinción y de no medir “más de cuatro puntos”. Somos muchoEn este punto, quizá, fue gráfico el discurso de Cristian Ritondo, de buena relación con interlocutores libertarios. “Estoy donde quiero estar”, señaló el presidente del bloque PRO en Diputados. Fue un pasaje muy aplaudido en el salón Ombú, en Golden Center, y comentado durante la desconcentración. Por lo bajo, un dirigente lo asoció al enojo del legislador por el “operativo seducción” de LLA sobre cuadros amarillos y los rumores sobre un posible veto a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Cristian Ritondo sobre candidatos en 2027 PBAs más de lo que todo el mundo piensa”, aseguró el exmandatario en una entrevista informal a un stream partidario antes de su discurso formal. Minutos más tarde, el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, reforzó esta idea: “Estamos de pie y vivos”. La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, completó el concepto: “Para estar muertos somos un montón”.

Antes de desalojar el predio de Parque Norte, hubo una convocatoria a realizar una foto grupal con todos los dirigentes del interior. Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia y actual senador provincial, miraba a lo lejos junto a Alejandro Rabinovich, presidente del bloque de diputados en la legislatura bonaerense. Minutos antes, Montenegro, cercano a Ritondo y al actual ministro de Interior, Diego Santilli, se subió al escenario principal para sacarse una foto grupal con Macri.

Ritondo, en tanto, agregó que el partido tiene “un futuro enorme por la capacidad de gestión de cada intendente, de cada diputado y senador, y por la conducción de Mauricio Macri”, a quien calificó como ”líder y jefe político“.


El tercer mensaje llegó de la mano del propio expresidente: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo; somos el próximo paso”. Una declaración de intención, sin fecha específica. Antes del encuentro, y según supo Infobae, Macri tuvo una reunión privada virtual con los principales dirigentes del espacio, quienes le manifestaron lo fuera de tiempo que podría significar hablar de candidaturas específicas en esta instancia.

Entonces, ¿qué es el próximo paso? “Es el armado en la consolidación en los distritos que gobernamos; es fortalecer en donde todavía nos falta; es preparar candidatos a intendentes en las ciudades más importantes del país. Y después, por supuesto, es defender los distritos donde gobernamos y las provincias. Así que es un plan de trabajo que nos ponga el año que viene como una alternativa a las ofertas que ya conocemos”, indicó a este medio Soledad Martínez, intedente de Vicente López y vicepresidenta del PRO, tras el acto.

Vidal, por su lado, señaló: “Creo que quedaron claros los mensajes del PRO; vamos a seguir siendo defensores del cambio y, en esa defensa del cambio, a veces va a tocar apoyar al gobierno y a veces decirle cuando está haciendo las cosas mal, sin especular. En segundo lugar, el PRO representa para nosotros el próximo paso para la Argentina. Creo que esos fueron los dos grandes mensajes, y que se está preparando para eso, que está formando equipos, que está, eh, haciendo buenas gestiones en donde le toca gobernar, y que lo está haciendo en todo el país”.

Más allá de su discurso de ayer, Ritondo, en las últimas horas y en diálogo con Radio La Red, fue específico en términos electorales para 2027 en la provincia de Buenos Aires y se habló de mantener la alianza con LLA. “Lo que dejó muy claro Mauricio es que el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo, que destruye todo. Un ejemplo, en provincia de Buenos Aires no hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo, porque si en la provincia de Buenos Aires no damos ese paso, el populismo siempre va a estar ahí, amenazante”.

Gmail

illanesmateo942@gmail.com

Contacto wsp

2644392316