ARCA no apelará más en juicios previsionales y los jubilados con sentencia a favor dejarán de pagar Ganancias
El organismo tributario cambió su estrategia porque consideró que generaba mucho gasto fiscal. No implica una exención automática para los jubilados que ya lo pagan.
El Gobierno nacional dejará de apelar los fallos judiciales que protegían a las jubilaciones del pago de impuesto a las Ganancias. Es un cambio radical en la estrategia legal del Poder Ejecutivo porque lo consideró un camino que implicaba un alto costo fiscal.
La decisión trascendió este miércoles. Fue una medida tomada por la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA) y reflejada en una instrucción general fechada el 15 de mayo.
Actualmente unos 130.000 jubilados pagan Ganancias, de acuerdo a datos difundidos por Jefatura de Gabinete en un informe al Congreso el año pasado. Están alcanzados los haberes que sumen más de ocho jubilaciones mínimas. A valores de hoy, 3,1 millones de pesos.
En términos prácticos, el efecto concreto será el de acortar los procesos de juicios previsionales. ARCA tuvo históricamente la obligación de apelar hasta la última instancia posible.
Ahora podrá desistir de la apelación tanto en casos de un fallo de primera instancia o de cámara. Una fuente del mundo judicial que conoce el modus operandi de ARCA aseguró a Clarín que el fisco incluso podría dejar de pulsear en la justicia tras una sentencia de primera instancia.
Para eso, revisará si la Cámara en cuestión tiene jurisprudencia suficiente de haber confirmado fallos desfavorables de esta naturaleza.
La decisión de ARCA de dejar de apelar los fallos vinculados al cobro del Impuesto a las Ganancias sobre jubilaciones tiene como principal antecedente el histórico fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019.
En esa causa, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Ganancias que alcanzaban los haberes previsionales de la demandante, una jubilada de 79 años con problemas de salud cuyos descuentos por el tributo llegaban a representar hasta casi un tercio de sus ingresos.
En aquel fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que el principio de igualdad previsto en la Constitución Nacional impide aplicar categorías tributarias que desconozcan situaciones de vulnerabilidad.
La Corte entendió que “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad”, ya que implican mayores gastos y afectan la capacidad contributiva real de las personas mayores.
A partir de ese criterio, el tribunal ordenó reintegrar las sumas retenidas a la jubilada demandante y dispuso que, hasta que el Congreso legislara sobre un régimen específico para jubilados vulnerables, no podían efectuarse descuentos por Ganancias sobre su prestación previsional.
En ese escenario, ARCA entendió que había suficiente jurisprudencia para cambiar su estrategia jurídica y dejar de apelar de manera recurrente ese tipo de fallos.
"ARCA no está modificando la Ley de Ganancias ni creando una exención automática para todos los jubilados. Lo que hace es cambiar la estrategia judicial del organismo", aseguró a este diario el tributarista Diego Fraga.
"Para quienes todavía no iniciaron juicio, la instrucción no implica que puedan dejar de pagar automáticamente. Cada caso deberá analizarse según edad, salud, ingresos, gastos, situación patrimonial y prueba disponible", continuó Fraga.
Milei dijo que "si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100″ y anticipó que la inflación seguirá bajando
El Presidente ratificó que mantendrá el “apretón monetario”.
El presidente Javier Milei advirtió que “si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100″. Fue al exponer en un evento sobre “inserción laboral, visión macro y potencial productivo” en el MALBA, ante empresarios.
Además ratificó: “Tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación". En medio de las tensiones en el Gobierno, el Presidente mantiene su agenda, volvió a mostrarse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y destacó el triunfo en las elecciones de CABA en 2025.
Milei planteó: “Sacamos prácticamente el 95% del cepo, con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviésemos comprando 8500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en $1100. Con lo cual, el dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares, y para que eso, digamos, básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”.
El Presidente ratificó: “Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés, pero ahora es lo que es la tasa de interés nominal. Y el otro componente tiene que ver con la política cambiaria. Si ustedes se fijan, conforme ha pasado el tiempo, Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria”.
Detectan coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar durante el gobierno de Alberto Fernández
Así surge de 30 allanamientos y testimonios obtenidos en la causa en la que el fiscal Picardi investiga operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023; ya se habría identificado a los empresarios y las operaciones en cuestión, autorizadas en tiempos de Sergio Massa al frente del equipo económico
Una investigación que incluyó casi 30 allanamientos en cinco meses y que imputó hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central (BCRA) está a punto de sacudir al establishment económico y político: por lo menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en la parte más restrictiva del cepo cambiario.
Así lo informaron fuentes de una causa que está en el juzgado de Ariel Lijo y que tiene delegada el fiscal Franco Picardi, el mismo que investiga desde el año pasado presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la presidencia de Javier Milei.
El tema es desde hace más de dos años un verdadero tabú de la política: resulta casi nulo lo que, pese a los comentarios de empresarios y despachantes de Aduana que dan cuenta de la existencia de esas maniobras y hasta de dos pedidos de informe que hizo en su momento, sin éxito, la diputada Karina Banfi, ha avanzado la Justicia para detectar estas irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial.
El esquema, que evaluaba la capacidad económica y financiera de las que requerían importar, dependía de varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio, todas dependencias en las que Massa tuvo en su momento una influencia decisiva.
La investigación de Picardi tiene hasta ahora secreto de sumario. Pero fuentes que siguen la causa afirman que el fiscal tendría detectado no sólo a los empresarios que habrían aceptado pagar y los respectivos porcentajes, sino los montos de las operaciones en cuestión, que hasta el momento superan los US$3,5 millones. Se trata, en los cuatro casos, de permisos por importaciones que efectivamente se hicieron, no de operaciones simuladas, como ha ocurrido y se investiga en otras causas.
Picardi hizo un pedido de informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al BCRA y solicitó a su vez que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. Los resultados obtenidos hasta ahora surgen del análisis de casi 30 allanamientos, testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, todos ellos del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión, y Analía Jaime y Romina García, inspectoras Generales de Supervisión.
Todos ellos entregaron sus respectivos teléfonos y claves a la Justicia, con la sola excepción de García, que no suministró la clave. También hay varios empresarios dueños de casas de cambio imputados, como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
A qué funcionarios involucra en la estructura de este y aquel gobierno es todavía un misterio. Fuentes de la causa afirman que además habría agentes involucrados a ambos lados del mostrador: auditores externos del BCRA que, a su vez, integran estudios contables que asesoran a empresas.
Los hallazgos iniciales del fiscal, de los que seguramente se conocerán detalles desde el jueves, no bien termine el plazo del secreto de sumario para la causa, consignan por el momento porcentajes y plazos de permisos que coinciden con los revelados en una investigación que este diario publicó el 7 de marzo de 2023, momento en que ya buena parte de los empresarios hablaba, siempre en off the record, de pedidos de sobornos y discrecionalidad para aprobar las autorizaciones.
Un chat entre dos importadores que obtuvo entonces LA NACION refería exactamente un 15% “en billete” a cambio de que la operación saliera en un lapso de 48 horas, exigencia que coincide además con un aviso publicado en las redes sociales y cuyo remitente, “Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina”, fijaba un 13% del valor para bienes (SIRA) y un 15% para los servicios (Sirase).
La causa de las SIRA tuvo desde 2023 varias insinuaciones en la Justicia, pero, hasta ahora, no venía prosperando. Las primeras indagaciones fueron a fines de ese año, cuando las publicaciones periodísticas y un testimonio que llegó al despacho de un diputado de la Coalición Cívica dieron inicio a una causa contra seis funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido el entonces jefe de la dependencia, Matías Tombolini, que de todos modos no prosperó: en diciembre de 2023, y luego de una breve investigación propia, el fiscal Eduardo Taiano pidió archivar el caso y el juez Julián Ercolini homologó el requerimiento y sobreseyó a los seis.
La causa que ahora empieza a despuntar es en realidad un derivado de otra en la que el mismo fiscal, Picardi, investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de US$6 millones que, dice Hauque, le dio para que hiciera operaciones con intereses.
La declaración de un imputado colaborador, un expolicía que aportó un pendrive con un archivo que incluye chats y capturas de pantalla de conversaciones entre ambos empresarios y funcionarios del BCRA, convenció a Picardi de la existencia de presuntos nuevos delitos y, como consecuencia, la necesidad de abrir otra causa.
En febrero de 2025, entrevistado en América 24 por los periodistas Adrián Ventura, Marina Calabró y Facundo Pastor, Hauque explicó los detalles de aquella pelea con Piccirillo y, cuando le preguntaron el origen de esos US$6 millones, contestó que los había obtenido de prestamistas del mundo de la política y empresarial. “No puedo, tengo miedo”, dijo cuando se le insistió en que diera nombres.
Los presuntos pagos de sobornos a cambio de permisos para importar durante el cepo cambiario siempre fueron un asunto explosivo porque involucran a funcionarios y, principalmente, por la magnitud de las operaciones en cuestión. Sólo en 2023, en plena restricción cambiaria y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, incluidos los más sensibles como el de la Salud, la Argentina importó por casi US$75.000 millones. Sólo el 1% de ese stock representa unos US$750 millones, es decir, el equivalente para pagar lo que cuestan en la Argentina unas diez campañas políticas presidenciales. Eso acaso explica la sensibilidad del tema y, por fin, tanta incomodidad con que la causa avance.
Orrego defendió la modificación de la Ley de Glaciares: "La minería y el ambiente van de la mano"
El Gobernador de San Juan participó del debate en el plenario de comisión de Diputados y defendió la iniciativa al sostener que no reduce la protección ambiental, sino que reafirma el rol de las provincias. También destacó el peso de la minería en la transición energética y relativizó su impacto en el uso del agua.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este martes por la tarde de manera virtual en el debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación por la reforma de la Ley de Glaciares. Su intervención se dio en el marco del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo busca avanzar con el dictamen necesario para tratar la iniciativa en el recinto.
La convocatoria incluyó a mandatarios de provincias cordilleranas vinculadas a la actividad minera, en una instancia clave para reunir apoyos políticos en torno a un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que apunta a precisar los alcances de la normativa vigente, especialmente en zonas periglaciares.Durante su exposición, Orrego respaldó la iniciativa y rechazó que implique un retroceso en materia ambiental. Según planteó, el objetivo es clarificar conceptos técnicos y reafirmar las competencias provinciales sobre los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. “En ningún momento planteamos eliminar la Ley de Glaciares ni cambiar su objeto”, sostuvo.
Defensa de la minería y el rol de las provincias
El mandatario provincial se mostró firme en la defensa de la actividad minera como motor de desarrollo y pieza clave en el escenario energético global. “Defiendo la minería sustentable, que es clave para la transición energética y el desarrollo económico, generando empleo y tributos”, expresó.
En esa línea, subrayó la importancia de minerales como el cobre y el litio para el avance de tecnologías vinculadas a energías limpias. “Hoy la minería es ambiente, porque lo que viene es la transición energética”, afirmó, y agregó: “El cobre es estratégico, no se puede reemplazar”.
Orrego también insistió en la necesidad de superar la mirada que enfrenta producción y cuidado ambiental. “La minería y el cuidado del medio ambiente pueden coexistir” y “la minería y el ambiente van de la mano”, remarcó, al tiempo que defendió la capacidad de control y evaluación ambiental de las provincias.
Además, hizo hincapié en la autonomía provincial sobre los recursos naturales: “Los verdaderos dueños de los recursos naturales por Constitución son las provincias” y aseguró que la ley en discusión “no delega facultades provinciales, sino que las reconoce”.
El eje en el uso del agua
Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo vinculado al uso del agua, un recurso crítico en San Juan. En ese sentido, el gobernador buscó poner en contexto el peso relativo de cada sector en el consumo hídrico. “El 94% de su uso es para la agricultura, no para la minería”, indicó.
A la vez, remarcó que la gestión provincial trabaja en el manejo responsable del recurso, con políticas orientadas a la eficiencia y al control. “El agua es vital y se gestiona con responsabilidad” y “si hay algo que cuidamos los sanjuaninos es el agua”, aseguró.
En esa línea, también relativizó las críticas hacia la actividad minera en este aspecto: “El verdadero problema del agua no es la minería”, sostuvo, y planteó la necesidad de avanzar en mejoras estructurales, como la tecnificación de los sistemas de riego.
Qué dijo el Ministro de Minería local
En la misma línea, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, defendió la reforma al asegurar que la provincia “no viene a pedir que se proteja menos, sino que se proteja mejor”, y remarcó que el planteo se sustenta en evidencia científica acumulada tras más de quince años de vigencia de la ley. Según explicó, el objetivo es precisar qué formaciones deben ser consideradas estratégicas para la función hídrica, sin poner en discusión la protección de los glaciares.
Además, destacó el rol de la minería en el desarrollo de infraestructura y en la gestión del agua en el territorio provincial. Señaló que, con fondos provenientes de la actividad, se financiaron obras hídricas y energéticas en zonas como Iglesia y Jáchal, beneficiando a miles de habitantes. También defendió la capacidad técnica local para evaluar proyectos y sostuvo que una normativa más clara permitirá “proteger de verdad”, reduciendo la incertidumbre jurídica.
Un debate clave en Diputados
La participación de Orrego se dio en una jornada clave para el oficialismo, que intenta conseguir las firmas necesarias en comisión para habilitar el tratamiento del proyecto este miércoles en el recinto. Para lograr el dictamen, se requieren mayorías en ambas comisiones, en un escenario donde los bloques dialoguistas aparecen como determinantes.
La iniciativa, aprobada por el Senado a fines de febrero, genera expectativas en las provincias con desarrollo minero, que buscan mayor previsibilidad para las inversiones. Sin embargo, también mantiene la tensión con sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible impacto en los estándares de protección.
“En ningún momento planteamos eliminar la Ley de Glaciares ni cambiar su objeto”
“Defiendo la minería sustentable, que es clave para la transición energética y el desarrollo económico, generando empleo y tributos”, expresó.
“Hoy la minería es ambiente, porque lo que viene es la transición energética”, afirmó, y agregó: “El cobre es estratégico, no se puede reemplazar”. Entre otras cosas que menciono el gobernador de San Juan
Marco Rubio ofrece una “nueva vía” para Cuba con elecciones libres y sin el poder de las Fuerzas Armadas
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el secretario de Estado de EE UU culpa al Gobierno de la isla y al conglomerado militar Gaesa por la crisis energética
“Una nueva vía” para Cuba. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha lanzado este miércoles un mensaje en el que ha cargado duramente contra el Gobierno de la isla y ha ofrecido a su población una “nueva relación” entre Washington y La Habana bajo la condición de que el país caribeño introduzca cambios radicales en su economía y lleve a cabo elecciones libres y con distintos partidos. El discurso, colgado en redes sociales y en español, ha sido compartido horas antes de que EE UU impute al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. También coincide con el 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba, una fecha que se conmemora sobre todo entre el exilio en Estados Unidos.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha exculpado al Gobierno de Donald Trump de la grave crisis eléctrica que atraviesa la isla. Para el alto funcionario, el régimen castrista es “la razón” por la cual unos 8 millones de cubanos están “obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad”. “Como ustedes bien saben, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, ha zanjado.
A finales de enero, la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana. El 80% del endeble sistema energético, con plantas de manufactura soviética, depende de combustibles fósiles. Y gran parte de esa cuota la importaban desde países aliados como Venezuela y México con precios subsidiados.
De igual forma, Rubio ha criticado a Gaesa, el conglomerado militar que, según estimaciones independientes, controla más del 90% de las transacciones en Cuba y cerca del 40% de su economía, de acuerdo con sus estados financieros, filtrados al periódico The Miami Herald en 2025. “Cuba está controlada por Gaesa”, ha lamentado Rubio.
“No somos oposición, somos el próximo paso”: la nueva narrativa del PRO para revalidar a Macri y diferenciarse de LLA
El detrás de escena del relanzamiento del partido liderado por el expresidente en Parque Norte. El plan para polarizar con el Gobierno y la respuesta a las críticas libertarias
Durante el relanzamiento del PRO que Mauricio Macri encabezó ayer, en Parque Norte, hubo tres instancias que estructuran una nueva narrativa de cara a las elecciones 2027. El primero fue un mensaje autovalidatorio frente a las chicanas de las usinas libertarias de ser un partido en vías de extinción y de no medir “más de cuatro puntos”. “Somos muchoEn este punto, quizá, fue gráfico el discurso de Cristian Ritondo, de buena relación con interlocutores libertarios. “Estoy donde quiero estar”, señaló el presidente del bloque PRO en Diputados. Fue un pasaje muy aplaudido en el salón Ombú, en Golden Center, y comentado durante la desconcentración. Por lo bajo, un dirigente lo asoció al enojo del legislador por el “operativo seducción” de LLA sobre cuadros amarillos y los rumores sobre un posible veto a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Cristian Ritondo sobre candidatos en 2027 PBAs más de lo que todo el mundo piensa”, aseguró el exmandatario en una entrevista informal a un stream partidario antes de su discurso formal. Minutos más tarde, el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, reforzó esta idea: “Estamos de pie y vivos”. La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, completó el concepto: “Para estar muertos somos un montón”.
Antes de desalojar el predio de Parque Norte, hubo una convocatoria a realizar una foto grupal con todos los dirigentes del interior. Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia y actual senador provincial, miraba a lo lejos junto a Alejandro Rabinovich, presidente del bloque de diputados en la legislatura bonaerense. Minutos antes, Montenegro, cercano a Ritondo y al actual ministro de Interior, Diego Santilli, se subió al escenario principal para sacarse una foto grupal con Macri.
Ritondo, en tanto, agregó que el partido tiene “un futuro enorme por la capacidad de gestión de cada intendente, de cada diputado y senador, y por la conducción de Mauricio Macri”, a quien calificó como ”líder y jefe político“.
El tercer mensaje llegó de la mano del propio expresidente: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo; somos el próximo paso”. Una declaración de intención, sin fecha específica. Antes del encuentro, y según supo Infobae, Macri tuvo una reunión privada virtual con los principales dirigentes del espacio, quienes le manifestaron lo fuera de tiempo que podría significar hablar de candidaturas específicas en esta instancia.
Entonces, ¿qué es el próximo paso? “Es el armado en la consolidación en los distritos que gobernamos; es fortalecer en donde todavía nos falta; es preparar candidatos a intendentes en las ciudades más importantes del país. Y después, por supuesto, es defender los distritos donde gobernamos y las provincias. Así que es un plan de trabajo que nos ponga el año que viene como una alternativa a las ofertas que ya conocemos”, indicó a este medio Soledad Martínez, intedente de Vicente López y vicepresidenta del PRO, tras el acto.
Vidal, por su lado, señaló: “Creo que quedaron claros los mensajes del PRO; vamos a seguir siendo defensores del cambio y, en esa defensa del cambio, a veces va a tocar apoyar al gobierno y a veces decirle cuando está haciendo las cosas mal, sin especular. En segundo lugar, el PRO representa para nosotros el próximo paso para la Argentina. Creo que esos fueron los dos grandes mensajes, y que se está preparando para eso, que está formando equipos, que está, eh, haciendo buenas gestiones en donde le toca gobernar, y que lo está haciendo en todo el país”.
Más allá de su discurso de ayer, Ritondo, en las últimas horas y en diálogo con Radio La Red, fue específico en términos electorales para 2027 en la provincia de Buenos Aires y se habló de mantener la alianza con LLA. “Lo que dejó muy claro Mauricio es que el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo, que destruye todo. Un ejemplo, en provincia de Buenos Aires no hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo, porque si en la provincia de Buenos Aires no damos ese paso, el populismo siempre va a estar ahí, amenazante”.
